|
Volumen 11, número 1,
enero de 2008
|
|
Investigación clínica en países en desarrollo
Emilio Pol Yanguas1
1 Doctor en Farmacia, Especialista en Farmacia Hospitalaria, Master en
Medicina Humanitaria
Resumen
Las compañías farmacéuticas ven al mundo en desarrollo como un territorio
“virgen” con millones de potenciales sujetos de ensayo. Muchos de los
medicamentos ensayados en ellos están destinados a tratar problemas que
afectan prioritariamente al mundo industrializado, y las mejoras
asistenciales asociadas son transitorias. Es barato realizar ensayos
clínicos en países en desarrollo, debido a la ausencia de controles
reguladores, la rapidez en el reclutamiento y las bajas tasas de abandono
entre las personas reclutadas. Se han detectado problemas en relación al
patrón de cuidados mínimos, el consentimiento informado y la continuidad del
tratamiento una vez finalizados los ensayos clínicos.
Palabras clave: Ensayos clínicos, Países en desarrollo, Bioética.
No hay nada inherentemente malo en que una compañía farmacéutica tenga
beneficios, es más, el beneficio puede ser deseable ya que es capaz de
llevar a las personas y a los pueblos más allá de los niveles de
subsistencia hasta las amenidades de la vida, el confort y la cultura, hacia
nuevos conocimientos y hacia nuevas posibilidades. La industria farmacéutica
es inmensamente rentable, manteniendo actualmente una tasa de retorno de la
inversión que es superior al doble del resto de las empresas de su entorno.
Pero estos beneficios se hacen dejando que muchas personas, prioritariamente
residentes en los países pobres, no tengan acceso a los medicamentos que
necesitan [1].
Hay una evidencia de que estas compañías ven al mundo en desarrollo como un
territorio “virgen” con millones de potenciales sujetos de ensayo. Por
ejemplo, en mayo del 2000, WatchCentre, un servicio de listado de ensayos
clínicos, publicó un artículo titulado “La fiebre latinoamericana”, en el
cual dice que “el continente puede ofrecer una oportunidad única para
alcanzar números mucho mayores de sujetos de estudio”. En 1994, la compañía
Eli-Lilly enroló 590 sujetos de ensayo en África, Oriente Medio y Europa
Central y del Este. En el 2001 la misma compañía esperaba enrolar 7309
sujetos. Es barato realizar ensayos clínicos en países con menos recursos,
los cuales frecuentemente tienen pocos controles reguladores de modo que la
industria consigue beneficios (ahorra costes). Pero el sujeto de estudio
raramente lo hace.
Muchos de los medicamentos ensayados en los países en desarrollo están
destinados a tratar problemas que afectan prioritariamente a los países
industrializados, pero que no son prioritarios en los países en desarrollo
[2]. En 2006 más de la mitad de los ensayos clínicos realizados por los
grandes laboratorios farmacéuticos han tenido lugar en países de bajos
ingresos. Menos del 5% de los ciudadanos de los países ricos están
dispuestos a participar en ensayos clínicos de medicamentos que podrían
beneficiarles. Las poblaciones de los países en desarrollo no solamente
sufren enfermedades tropicales. Según la OMS, el 80% de las muertes
provocadas por trastornos crónicos no contagiosos, como diabetes o
hipertensión se registran en los países en desarrollo. La rapidez en el
reclutamiento de sujetos es una ventaja fundamental en el proceso de ensayo
de un medicamento. Quintiles, una de las llamadas “empresas de investigación
por contrato”, pudo reclutar en Sudáfrica 3.000 pacientes en nueve días para
ensayar una vacuna experimental. Para otra prueba la misma empresa reunió
1.388 niños en 12 días. Para semejante reclutamiento en la Unión Europea se
precisan meses o años. Otro problema es la tasa de abandonos de los sujetos
participantes una vez iniciado el ensayo, que si es muy elevada puede
cuestionar el resultado. En los países desarrollados es frecuente encontrar
tasa de abandonos superiores al 40%. Sin embargo, los ensayos clínicos
realizados por ejemplo en la India suelen conservar el 95% de los
participantes [3].
No siempre los primeros ensayos en humanos de una nueva molécula con
posibilidades terapéuticas se realizan en países industrializados. Un
ejemplo es la ziprasidona, el antipsicótico de Pfizer cuyas primeras
experiencias clínicas se llevaron a cabo en países de Europa del Este y
Sudáfrica [4-5]. La forma inyectable de olanzapina, el antipsicótico de
Eli-Lilly, también se ha ensayado por primera vez en humamos en países no
desarrollados. Estos dos ejemplos son significativos si se tiene en cuenta
que pertenecen a un grupo farmacológico conocido como antipsicóticos
atípicos, cuya ventaja con los antipsicóticos clásicos en términos de
eficacia y seguridad global es discutida [6], pero cuyo coste es 50-100
veces superior. Aunque los ensayos clínicos en los países pobres están
asociados con mejoras locales en el cuidado de la salud mientras están en
marcha, las mejoras raramente se mantienen después de finalizar el ensayo,
cuando las compañías retiran a los pacientes el tratamiento y el seguimiento.
En teoría los nuevos medicamentos deberían estar disponibles para la
población, pero los elevados precios, la falta de subsidios para estos
medicamentos y la falta de interés de la industria una vez finalizada la
investigación, prohíbe a la gran mayoría su empleo más allá del periodo del
ensayo clínico [7].
Muchos ensayos clínicos, en si mismos, muestran un desprecio a la naturaleza
humana de los sujetos de investigación. Solo cumplían con el imperativo
ético de suministrar al grupo control el mejor tratamiento disponible 12
(16%) de un total de 73 ensayos clínicos randomizados sobre infección por
VIH, tuberculosis o malaria, realizados en el África Sub-Sahariana entre de
1998 y 2003 [8].
Durante la epidemia de meningitis de 1996 en Nigeria, en la que se
infectaron unas 150.000 personas de las cuales 15.000 murieron, la empresa
Pfizer realizaron un ensayo con una nueva quinolona, trovafloxazino en 200
pacientes, sin solicitar la aprobación previa por ningún comité ético de
investigación clínica, ni solicitar el consentimiento informado a los
sujetos del estudio [9].
En Argentina, durante el ensayo del fármaco cardioactivo cariporide saltó el
escándalo; entre 1997 y 1988 murieron 13 de 137 sujetos del estudio. Durante
la investigación de las causas se detectó que el 80% de las firmas de
consentimiento informado eran falsas. La cifra de ensayos clínicos con
medicamentos se había multiplicado por 5 en el último año y se esperaba que
volviera a multiplicarse por 10 en el año próximo. Las autoridades
sanitarias argentinas reconocieron que ellos no podían supervisar
adecuadamente, por falta de personal, todos los ensayos clínicos en marcha.
Incluso los propios organismos reguladores de la actividad farmacéutica en
los países en desarrollo pueden promover una actividad en investigación
clínica más allá de su capacidad de control, ya que para ellos supone una
importante fuente de financiación. Este interés de la industria farmacéutica
por las personas de los países en desarrollo puede estar originado por el
deseo de escapar de las ajustadas legislaciones que regulan la investigación
biomédica en los países ricos [10].
Una persona no debe participar en una investigación clínica sin dar su
consentimiento tras haber sido adecuadamente informado del propósito de la
misma, así como de los riesgos y beneficios que conlleva, tanto para ella
como individuo como para la sociedad de que procede. Cuando se examinó la
validez del consentimiento informado entre participantes de un ensayo
clínico en México, se encontró que la pobreza, el bajo nivel educativo de
los participantes y la complejidad de la información proporcionada podrían
comprometerla. Por ejemplo, el 49% de los participantes confesaron no
comprender la información proporcionada, y el 60% manifestó que decidió
participar en el ensayo porque el tratamiento era gratuito [11].
En opinión del Grupo Europeo sobre Ética en Ciencia y Nuevas Tecnologías
[12] solo deben efectuarse ensayos clínicos en países con sistemas de
cuidados de salud inadecuados, solo si se da alguna de las siguientes
condiciones:
- El ensayo clínico trata sobre un problema de salud específico del país
hospedador, por ejemplo una enfermedad tropical.
- Si trata sobre una enfermedad que también existe en los países
desarrollados pero con una alta incidencia específica en los países en
desarrollo.
- Si el ensayo pretende desarrollar tratamientos de interés específico para
el país hospedador, por ejemplo menos costosos, o más practicables.
Ninguno de los casos comentados anteriormente tendría cabida en ninguna de
estas tres categorías.
El Nuffield Council on Bioethics ha publicado el informe “The ethics of
research related to healthcare in developing countries” [13]. En él se hacen
recomendaciones sobre aspectos claves de la investigación en países en
desarrollo. En particular se dirige al problema de los diferentes patrones
de cuidados en diferentes lugares, la aplicabilidad y disponibilidad de los
benéficos de la investigación y la relación entre países patrocinadores y
países donde se realiza la investigación.
Sobre el patrón de cuidados mínimos a aplicar en la investigación en países
en desarrollo el informe afirma: “Dondequiera que sea apropiado, a los
participantes en el grupo control se les debe ofrecer un patrón universal de
cuidados para la enfermedad estudiada. Cuando eso no sea aplicable, el
patrón mínimo de cuidados que se debe ofrecer al grupo control será la mejor
intervención disponible para la enfermedad en el sistema público de salud
del país.
Sobre el problema del acceso al tratamiento después de la investigación,
dice: “Los investigadores deben hacer un esfuerzo por asegurar, antes de
iniciar el ensayo, el acceso post-ensayo a la intervención más efectiva para
todos los participantes en el ensayo, y la ausencia de tal garantía debe ser
justificada ente el comité ético de investigación”.
Para las investigaciones que se lleven a cabo en países en desarrollo y que
estén patrocinadas por alguien de un país diferente, recomienda que “los
proyecto con patrocinadores externos deben ser sometidas a revisión ética
independiente en el país del patrocinador, además de en el país donde se
realizan la investigación”.
Para ayudar a asegurar que la investigación realizada en países en
desarrollo sea coherente con las necesidades locales, dice: “Todos los
países deben establecer un conjunto de prioridades de investigación en
cuidados de salud” y “cuando la investigación costeada por patrocinadores
sea propuesta con aspectos que no sean coherentes con las prioridades de
investigación del país, los proponentes de la investigación deben ser
requeridos para justificar la elección del tema de investigación al
correspondiente comité ético tanto en el país hospedador como en el
patrocinador”.
En The New England Journal of Medicine se han publicado varios artículos
sobre el problema del patrón mínimos de cuidados [14-15]. Este problema
surge de uno de los mas controvertidos y preceptivos principios de la
declaración de Helsinki [16], el principio 29, que dice: “Los beneficios,
riesgos, costes y efectividad de un nuevo método debe ser evaluado mediante
confrontación con el actual mejor método profiláctico, diagnóstico y
terapéutico”. Lurie y Wolfe [15] han sido muy críticos con 15 estudios
realizados en Costa de Marfil, Uganda, Tanzania, Sudáfrica, Malawi,
Tailandia, Etiopia, Burkina Faso, Zimbabwe, Kenya, y la República Dominicana.
Estos estudios se interesaban por la efectividad de la zidovudina en la
prevención de transmisión del VIH durante el embarazo, y administraban
fármaco o placebo de forma randomizada, pero el fármaco ya había mostrado
ser más efectivo que placebo en países desarrollados. Angell [17] insiste
que el patrón que debe aplicarse en las investigaciones realizadas en países
en desarrollo debe ser el mismo que se aplicaría en el mundo desarrollado,
señala que habría sido inaceptable en los países desarrollados randomizar
zidovudina frente a placebo.
Otros opinan que, mientras que sería deseable que siempre se aplicara el
mismo patrón de cuidados mínimos a lo largo del mundo, puede haber
excepciones a esta regla. Una adhesión estricta a este principio, pararía
una cantidad significativa de importantes investigaciones. En tales casos se
ha tratado de relativizar el patrón de cuidados al que está usualmente
disponible en los países en desarrollo frente al disponible en UE o EE.UU.
Según ellos, un tratamiento control inferior al óptimo puede ser aceptable
siempre que sea científicamente válido, aporte suficiente beneficio social y
el cociente de riesgo individual sea favorable [18-19].
En la investigación sobre la transmisión perinatal del VIH en Costa de
Marfil, se justifica el uso de placebo, argumentando que el tratamiento
patrón que sería aplicable en los países occidentales no era aplicable allí,
dado que precisa de una infraestructura médica significativa e inexistente
en el país, para asesoramiento voluntario y pruebas de detección de VIH en
el embarazo temprano. Pero la realidad es que la mayoría de las mujeres en
el país no solicitan cuidados prenatales y, si buscan cuidados de salud, lo
hacen recién después de iniciado el trabajo del parto. No obstante hay
varias objeciones a este planteamiento, ¿se ha hecho lo posible por hacer
practicable la mejor opción posible? y sobre todo ¿se ha formulado la
pregunta correcta? Se podría haber planteado ofrecer a las mujeres del
estudio un seguimiento prenatal más estrecho, incorporando búsqueda activa
de embarazadas seropositivas. Además la pregunta correcta que debía haberse
abordado no es si un tratamiento abreviado con zidovudina es mejor que
placebo, sino si el tratamiento abreviado retiene una parte significativa de
la eficacia del régimen ACRT-076; esto requiere una comparación cara a cara
entre el tratamiento patrón y el tratamiento abreviado [15]. Aceptar el uso
de placebo en el brazo control del ensayo clínico, cuando hay alternativas
de eficacia probada, es aceptar el doble rasero en función de la riqueza de
un país.
En relación con la continuación post-ensayo con el mejor tratamiento, la
declaración de Helsinki [16] dice que “a la conclusión del estudio a cada
sujeto participante en el estudio se le debe garantizar el acceso al mejor
método profiláctico, diagnóstico o terapéutico identificado en el estudio”.
En los países en desarrollo generalmente no hay alternativas terapéuticas
que ofrecer al mejor tratamiento investigado una vez finalizado el ensayo.
Cuando se trata de intervenciones que requieren un corto seguimiento, por
ejemplo la administración de vacunas o tratamientos cortos, curativos, no
suele haber problemas en garantizar el acceso al tratamiento a los
componentes del grupo placebo. El problema surge cuando se trata de
enfermedades crónicas que requieren un suministro continuo y prolongado del
tratamiento. Se argumenta que asumir al pie de la letra este principio ético
impediría la realización de valiosas investigaciones en países en desarrollo.
Esto es una renuncia a priori, aunque sea con el consentimiento del comité,
de un imperativo ético. La razón para esta renuencia es la negativa a asumir
un coste adicional en el desarrollo de los medicamentos. Pero en cualquier
caso, hay que reconocer que en la continuación de los cuidados se requiere
la intervención del sistema local de salud, y por tanto decisiones de
política de salud del país en el que se ha llevado acabo la investigación y
que los comités de ética clínica difícilmente pueden modificar
unilateralmente las políticas de aprobación y suministro de medicamentos del
país [20].
Cuando se evalúa la investigación farmacéutica en países en desarrollo se
han de considerar tres aspectos: la relevancia de la investigación en
relación con las prioridades del país hospedador, su validez científica y su
aceptabilidad ética. La recomendación de una revisión doble e independiente,
por parte de un comité ético en el país patrocinador y por otro en el país
donde se realiza el ensayo, es muy importante. En ausencia de alguna de
ambas revisiones, no se puede garantizar ni la adecuación a las prioridades
de investigación, ni la aceptabilidad para los criterios morales del país
hospedador de la investigación. En los países industrializados hay una
opinión uniforme de que el método científico es una aproximación válida a la
verdad y a la mejor medicina. En otras culturas existen otras tradiciones
médicas, y la percepción de una aproximación científica a la investigación
médica puede no tener una valoración equivalente, ello puede tener
importantes consecuencias durante la evaluación ética de los ensayos
clínicos llevados a cabo en su seno. Lo mismo puede decirse de cuando los
ensayos clínicos afectan a grupos minoritarios o vulnerables del mundo
industrializado. En una aproximación paternalista o imperialista, el
patrocinador de la investigación tiende a imponer sus propios valores sobre
los del país hospedador.
Por el contrario, cuando se respetan a ultranza los valores del país
hospedador, se puede llegar a un relativismo moral y a la falta de respeto a
valores considerados fundamentales en Europa, es decir volveríamos al doble
rasero. Las diferencias culturales pueden tener una influencia significativa
sobre la validez del ensayo. La forma en que se informa a los pacientes y el
procedimiento para la obtención del consentimiento informado puede variar de
acuerdo con la situación específica del país donde tiene lugar ensayo, por
ejemplo, el nivel de alfabetización, de comprensión científica, o la
organización de la comunidad. Estos aspectos afectan de manera significativa
a la participación en los ensayos clínicos, pero incluso a la obtención de
cuidados básicos de salud, a mujeres y niños, por ejemplo en algunas
comunidades musulmanas integristas. Además están las diferencias culturales
en la visión de los derechos a la privacidad de los datos personales, lo que
puede tener repercusiones sobre la aceptabilidad de ciertos aspectos de la
recogida de datos [12].
La solución para estos problemas pasa por un trabajo en estrecha
colaboración entre los científicos y promotores de los ensayos clínicos, en
los países desarrollados e investigadores y socios locales cuidadosamente
identificados. Estos socios locales deben incluir investigadores,
organizaciones gubernamentales, líderes comunitarios, y representantes de
las personas que pudieran ser posibles sujetos de los estudios. Esta
colaboración debe comenzar lo antes posible, ya desde las fases iniciales de
planificación de las investigaciones. Promover esta colaboración debe ser
una tarea fundamental de la cooperación internacional al desarrollo, y debe
realizarse de tal modo que se contribuya a construir una capacitación local
para investigación clínica y su revisión ética [21]. Por otra parte, las
autoridades reguladoras de los países desarrollados deben desestimar ensayos
clínicos que no provean una clara y convincente documentación de la
salvaguarda y protección de los derechos de todos los sujetos, de cualquier
país [22]. Iniciativas como las que han conducido a la creación del boletín
electrónico PLoS Clinical Trials [23] de la biblioteca Pública de Ciencias (PLoS)
ayudarán a mejorar la transparencia de los ensayos clínicos.
Correspondencia a:
emilio@polyanguas.net
Referencias
1. Chipaux JP. África, victima de la Big Pharma. Le Monde Diplomatique,
ed española, junio 2005.
2. MacDonal R, Yamey G. “The cost to global health of drug company profits”.
West J Med, 2001, 174:302-3.
3. Shan S. Los experimentos clínicos realizados con los pobres del Planeta.
Le Monde Diplomatique, ed española, julio 2007.
4. Arató M, O’Connor R, Meltzer H, Bradbury J. Ziprasidone efficacy in the
prevention of relapse and in the long-term treatment of negative symptoms of
chronic schizophrenia. Eur Neuropsychopharmacol 1997, 7(S2): S214.
5. Brook S. A pilot study of intramuscular ziprasidone in the short-term
treatment of patients with acute exacerbation of schizophrenia. Hum.
Psychopharmacol. Clin. Exp. 2000, 15:521-524.
6. Geddes J, Freemantle N, Harrison P, Bebbington P. “Atypical
antipsychotics in the treatment of schizophrenia: systematic overview and
meta-regression analysis. BMJ 2000, 321:1371-6.
7. Ayonrinde O, Gureje O, Lawal R. “Psychiatric research in Nigeria:
bridging tradition and modernisation. British Journal Psychiatry,
2004; 184: 536-8.
8. Kent MD, Mwamburi DM, Bennish ML, Kupelnick B, Ioannidis JPA Clinical
trials in Sub-Saharian Africa and established standards of care. A
systematic review of HIV, tuberculosis, and malaria trials. JAMA
2004; 292:237-42.
9. Aronson J , Dying for drugs, BMJ, 2003; 326:990.
10. Borger J. Volunteers or victims? Concern grows over control of drug
trials. The Guardian, 14 February 2001.
11. Verástegui EL. Consenting of the vulnerable: the informed consent
procedure in advanced cancer patients in Mexico. BMC Medical Ethics
2006; 7:13-24.
12. O’Donell P. EU ethics and Africa trials. Applied Clinical Trials
2003, March, 32-35.
13. www.nuffieldbioethics.org
acceso junio 2004
14. Angell M. The ethics of clinical research in the Third World. NEJM
1997;337:847-849.
15. Lurie P, Wolfe SM. Unethical trials of interventions to reduce perinatal
transmission of the human immunodeficiency virus in developing countries.
NEJM 1997;337:853-856.
16. World Medical Association Declaration of Helsinki Edinburgh 2000 52nd
WMA General Assembly, Edinburgh, Scotland, octubre 2000.
17. Angell M. Investigators’ responsibilities for human subjects in
developing countries”. NEJM 2000;342: 967-9.
18. Lie RK, Emmanuel E, Grady C, Wendler D. The Standard of care debate: the
Declaration of Helsinki versus the international consensus opinion. J Med
Ethics 2004;30:190-3.
19. Schüklenk. The Standard of care debate: against the myth of an
“international consensus opinion”. J Med Ethics 2004;30:194-7.
20. McMillan JR, Conlon C. The ethics of research related to health care in
developing countries. J Med Ethics 2004;30:204-6.
21. Lo B, Bayer R. Establishing ethical trials for treatment and prevention
of AIDS in developing countries. BMJ 2003;327:337-9.
22. Markman M. Assuring the ethical conduct of clinical cancer trials in the
Developing World. Cancer 2005;106:1-2.
23. PLoS Clinical Trials:
www.plosclinicaltrials.org
(principio de página...)
(regresa a
Ética y derecho)
|