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Volumen 11, número 1,
enero de 2008
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para los Autores y Colaboradores |
Salud, pobreza y patentes (*)
Pasqual Maragall1 y Toni Comín2
1 Expresidente de la Generalitat de Catalunya
2 Diputado del Grupo Socialistas-Ciudadanos a favor del cambio y
profesor de ciencias sociales de ESADE (Barcelona)
¿Quién financia la investigación farmacéutica y sus elevados costes? Las
multinacionales sólo investigan si pueden recuperar su inversión por
medio de las patentes, es decir, si la investigación les resulta
mínimamente rentable. Lo cual conduce a una dramática paradoja. Con
patentes, los países pobres no tienen acceso a determinados medicamentos
muy necesarios, porque los precios de patente son demasiado caros para
ellos (es lacerante que la vida de miles de personas dependa de
medicinas que existen, pero que los sistemas de salud del Sur no pueden
pagar). Sin patentes, los países pobres tampoco dispondrían de los
medicamentos necesarios, porque sin posibilidad de negocio no habría
nuevos descubrimientos farmacéuticos.
El fallo del Tribunal Superior de Chennai, en la India, sobre el caso
Novartis, el pasado agosto, puso sobre la mesa un tema interesante y
complejo. Como se recordará, Novartis interpuso una demanda contra la
Ley de Patentes india, por considerar que se extralimitaba a la hora de
aplicar las excepciones al régimen de patentes que prevé el ADPIC (Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio). Este Acuerdo internacional, del año 1994, regula el
derecho de las multinacionales farmacéuticas a cobrar los medicamentos a
precio de patente, así como el derecho de los países pobres a ser
eximidos de su pago en determinadas circunstancias. Prevé que los
Gobiernos en situación de emergencia sanitaria puedan conceder las
llamadas “exenciones”, es decir, fabricar medicamentos genéricos o
importarlos de otros países.
Como es sabido, el precio de los genéricos es sensiblemente inferior al
de un medicamento patentado, lo cual permite a los sistemas sanitarios
de los países del Sur disponer de medicamentos que de otro modo
difícilmente estarían a su alcance. Dicho en plata, los genéricos salvan
vidas y lo hacen, precisamente, permitiendo que actúe la lógica de la
competencia. Las patentes no son más que un monopolio temporal, sin el
cual no se podría financiar el alto coste de la investigación. Cuando se
fabrican genéricos cesa el monopolio y, en virtud de las leyes del
mercado, los precios se desploman.
En 2001, los países de la OMC, España incluida, firmaron la Declaración
de Doha, según la cual la normativa internacional sobre propiedad
intelectual “puede y tendrá que ser interpretada y aplicada de tal modo
que apoye el derecho de los miembros de la OMC a proteger la salud
pública y, en particular, a promover el acceso a los medicamentos para
todos”. Pero la interpretación de los países en desarrollo y de las
multinacionales farmacéuticas difiere irreconciliablemente, hasta el
punto de librar costosas batallas judiciales.
La salud es un derecho. Las multinacionales actúan según la lógica del
beneficio. ¿Cómo equilibrar este conflicto de intereses, del que depende
la vida de millones de enfermos del Sur? La investigación, ciertamente,
es cara. Pero según la OMS, las multinacionales farmacéuticas son un
negocio muy rentable. Según el Informe 2006 de la Comisión sobre Salud
Pública, Innovación y Derechos de Propiedad Intelectual de la OMS,
“entre 1995 y 2002 la industria farmacéutica fue la más rentable de
EE.UU., en términos de beneficio neto medio después de impuestos como
porcentaje de los ingresos. El 2003 decayó un poco (...) pero mantuvo un
margen de rentabilidad del 14%, tres veces superior a la media de todas
las empresas incluidas aquel año en la lista Fortune 500”.
El Parlament de Catalunya, a raíz del caso Novartis, puso sobre la mesa
una propuesta que intenta superar aquella paradoja. Se trata de una idea
relativamente sencilla: un Fondo Mundial de Rescate de Patentes, que
permita, en primer lugar, liberar la patente de aquellos medicamentos ya
desarrollados, pero cuyo precio los hace inaccesibles a las poblaciones
del Sur; y, en segundo lugar, orientar la investigación hacia aquellas
enfermedades que afectan a centenares de miles de personas pobres del
Sur, pero que no son rentables comercialmente. Algo parecido al sistema
de “premios” que promueven el profesor James Love o el propio Joseph
Stiglitz.
Una propuesta así es inocua para las empresas farmacéuticas. No
perjudica la investigación, sino que la favorece. Gracias al Fondo, las
multinacionales cobrarían de golpe aquello que, en virtud de la patente,
van cobrando poco a poco a través del mercado. Una vez pagado el “rescate”,
habría plena libertad para fabricar los genéricos de medicamento
“rescatado” y, por tanto, para que se activaran los eficientes
mecanismos de la competencia. Obviamente, el verdadero problema de esta
propuesta es cómo financiarla. Sin embargo, con voluntad política se
pueden imaginar soluciones. Probablemente, 10.000 millones de dólares
anuales servirían para comenzar. Una cifra importante, pero que equivale
sólo al 0,02% del PIB mundial.
Se podría establecer algún tipo de impuesto mundial para financiar este
Fondo. ¿No sería esta propuesta un buen motivo para empezar a caminar
por la senda de un sistema fiscal global? Si se ha globalizado casi todo,
desde los mercados financieros hasta el comercio, pasando por las
empresas, ¿por qué no pensar en globalizar también la financiación de
los derechos sociales? La disminución de las tensiones entre el Norte y
el Sur -por no hablar de la disminución de los resentimientos que causan
luego tantas tragedias- sería sin duda significativa.
De hecho, la Iniciativa Mundial contra el Hambre y la Pobreza -lanzada
en 2004 por Lula, Chirac, Lagos y Kofi Annan, y a la que se sumaron
luego Zapatero y Schröder- acabó proponiendo un mecanismo de
financiación que tiene ya cierto aspecto de impuesto global: una tasa
sobre los billetes de avión. En el marco de esta misma Iniciativa, el
Informe Landau sobre las nuevas contribuciones financieras
internacionales proponía -ya en 2003- hasta una decena de posibles
impuestos globales, en base a los cuales organizar un embrionario
régimen tributario internacional.
Un Fondo Mundial de Rescate de Patentes o algo similar, más allá de cual
sea su mecanismo de financiación, merece ser considerado seriamente. Se
ajusta plenamente a los Objetivos del Milenio. ¿Qué debería impedir un
consenso global entorno a una idea de este tipo? Las fuerzas y
movimientos progresistas de todo el mundo harían bien en liderarla. Los
neoliberales no tienen nada que oponer a ella. Probablemente, habría que
empezar por conocer la opinión de las propias multinacionales
farmacéuticas.
Se dice que a las fuerzas progresistas del mundo -de izquierda y
centro-izquierda- la globalización las ha pillado de traspié, sin ideas
que las distingan verdaderamente de las fuerzas conservadoras. Para
desmentirlo, nada mejor que hacer propuestas audaces y ofrecerlas a
propios y a extraños. Audaces no porque sí, sino porque la globalización
es, en sí misma, un proceso audaz, que plantea retos desafiantes. La
propuesta de un Fondo Mundial financiado con un impuesto global -que
garantice una financiación suficiente, previsible y estable del mismo-
puede parecernos audaz. Pero lo que hoy nos parece audaz, a nuestros
nietos, probablemente, les parecerá simplemente una obviedad.
Las empresas farmacéuticas tienen necesidad de financiar una
investigación cara, muy cara. Pero no debemos cargar esos costes sobre
una población para la cual la disminución de los precios de la salud es
absolutamente vital. Permítasenos acabar con una reflexión que uno de
nosotros escribió para otra ocasión: “Siempre he creído que el beneficio
que las ideologías empresariales o sociales, de derechas o de izquierdas,
confieren a sus adeptos consiste en el ahorro de combustible mental que
suponen y en el paraguas moral que regalan. Y que los ciudadanos pagan
los costes de esos dos beneficios”.
* Publicado el 3 de enero de 2008 en el diario El País (España), Crónica:
La Cuarta Página.